La Situación de los Periodistas: Riesgo al Ejercicio de la Libertad de Expresión y al Derecho a la Información.
Publicado en el Diario de Chiapas el 23 de septiembre de 2018.
La Situación de los Periodistas: Riesgo al Ejercicio de la Libertad de Expresión y al Derecho a la Información.
Manuel de Jesús Corado de Paz.
El trabajo que llevan a cabo los periodistas se ha visto obstaculizado por diversos medios, como la censura, sea ésta directa o indirecta, la estigmatización y el descrédito a su actividad, escenario que los ha ubicado en una situación de vulnerabilidad.
En 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de observancia en todo el territorio nacional, y que tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, con ello México se convirtió en el segundo país de la región que adoptó un mecanismo especializado en esta materia.
Dentro de este cuerpo normativo se estableció que las medidas de prevención incluyen instructivos, manuales, cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos, y acompañamiento; las de protección, entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona, chalecos antibalas, detector de metales, y autos blindados; y las urgentes de protección, evacuación; reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protección de inmuebles y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.
En 2015, en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Las agresiones – desapariciones, amenazas, intimidaciones, secuestros, agresiones físicas, robo de equipos, ataques a instalaciones o incluso cibernéticos, y en términos generales todo aquello que dañe su integridad física, psicológica, moral o económica – y los homicidios han aumentado de manera acelerada, sobre todo en entidades en las que existe fuerte presencia de crimen organizado, y en las que los agentes estatales, principalmente órganos judiciales y policiales, se encuentran coludidos con sus miembros.
Así, quienes han sido víctimas, generalmente, desarrollaban su labor sobre temas como narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.
Lo anterior se ha convertido en el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, pues ante tales hechos la autocensura se ha convertido en una opción para proteger su integridad física y su vida, y no sólo eso, sino que además constituye un límite al derecho a la información de la sociedad en general.
En este tenor, el Estado está obligado a impedir que sus agentes no lleven a cabo actos de violencia contra periodistas o comunicadores, pero su obligación no se agota con esto, además, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las agresiones que se comente en su contra con la debida diligencia y celeridad, sin embargo, la realidad demuestra que en la mayoría de las investigaciones la impunidad se hace presente trayendo consigo la denegación de justicia, contexto que se ha generalizado en el país.
Tratándose de la impunidad, basta recordar que nuestro país ocupa el octavo lugar en el Índice de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas, y en América Latina es el país con mayor tasa de impunidad en este rubro.
Asimismo, el Estado debe reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad de la labor periodística, aún cuando la información sea crítica, inconveniente o inoportuna para sus intereses, y condenar las agresiones que se lleven a cabo en función del ejercicio de la libertad de expresión.
En el ámbito regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es fundamental que el Estado Mexicano investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas, que esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión.
En 2017, la Conferencia Nacional de Gobernadores aprobó el Protocolo de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene como objetivo general establecer los procesos, procedimientos y las acciones de articulación y coordinación a desarrollar entre el Mecanismo Federal y las Unidades Estatales de Protección o Mecanismos Estatales para la implementación de medidas de prevención y de protección que permitan garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En este Protocolo se establecieron procedimientos para la protección que implican monitoreo de riesgos y agresiones, adopción de medidas de prevención, recepción de casos y reacción rápida, evaluación de riesgo y plan de protección e implementación y seguimiento de medidas.
Sin embargo, estos avances que se han generado en el ámbito formal aún resultan insuficientes ante el clamor de justicia de las víctimas y de la sociedad en general.
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