Artículos hace 140 semanas

Corrupción e impunidad. Binomio de una realidad.

Publicado en el Diario de Chiapas el 26 de agosto de 2018.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. BINOMIO DE UNA REALIDAD.

Manuel de Jesús Corado de Paz.

 

El Índice de Percepción de la Corrupción 2017, ubica a México en el lugar 135 de 180 países, con una calificación de 29 en una escala de 100, según las percepciones de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en el sector público. Lo anterior sitúa a nuestro país solamente por encima de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela en nuestro continente, siendo además el peor evaluado de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

Lo anterior indica que las reformas anticorrupción, que aún no se implementan de manera integral, no han sido suficientes para disminuir los escándalos de corrupción que se han generado durante los últimos años, por lo que además de los cambios en el ordenamiento jurídico y de carácter institucional, se requieren acciones sistemáticas para erradicar la corrupción.

 

Así las cosas, los actos de corrupción son cada vez más descarados, burdos y aberrantes, y se han arraigado en toda la estructura del Estado, generando el enriquecimiento desmedido de servidores públicos, lo que se traduce en una bofetada que lacera a nuestro pueblo.

 

En torno a este tema, Transparencia Mexicana identificó al menos cinco componentes clave que deberían considerarse en los planes anticorrupción, a saber: Un registro público de beneficiarios reales de empresas contratistas del Estado; un mecanismo de protección a denunciantes de corrupción; una infraestructura de datos inteligente contra la corrupción: interoperabilidad de datos legales, bancarios y financieros; Registros Públicos de la Propiedad y el Comercio abiertos y actualizados; y una revisión de la figura del notario en las 32 entidades del país.

 

Por lo que atañe a la impunidad, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018. La Impunidad Subnacional en México y sus Dimensiones, publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México es el cuarto país más impune a nivel global, y el primero del continente americano, con 69.21 puntos, mientras que en el ámbito interno el Estado de México es la entidad con mayor grado de impunidad, seguida de Tamaulipas, Baja California, Coahuila y Quintana Roo, aunado a que la mayoría de los estados empeoraron su situación frente a la impunidad.

 

En lo tocante a nuestra entidad, de cinco grupos, Chiapas se encuentra en el tercero, con un grado de impunidad alta, aunado a que es un estado con impunidad al alza, aumentando su índice en 5.68 puntos, lo que demuestra que los programas de prevención del delito, procuración e impartición de justicia ha enfrentado escenarios complejos.

 

Así, en México, la impunidad es generalizada y sus niveles son alarmantes, basta señalar que de 1,532,403 carpetas de investigación abiertas, solamente el 3% llega a una sentencia, lo que muestra la ineficacia e ineficiencia institucional, pues si bien es cierto en el trayecto se espera un orden descendente, las diferencias son abismales.

 

Además, al analizar los indicadores nacionales sobre el estado general de los sistemas de seguridad y justicia se desprendió que no sólo sigue existiendo un problema importante en relación con los recursos humanos y materiales, sino que, además, algunos escenarios han empeorado en los últimos dos años, como es el caso de los Policías y Fiscales, que han presentado un deterioro estructural y de sus capacidades humanas, aunado a que los sistemas de justicia de 26 entidades se encuentran colapsados, sin dejar de lado lo que le corresponde al sistema penitenciario.

 

Procesos que generaron muchas expectativas y que eran verdaderas pruebas de fuego para demostrar que realmente se estaba luchando contra la corrupción y la impunidad, que constituían una oportunidad para creer de nueva cuenta en las instituciones de procuración e impartición de justicia, se han desmoronado o comienzan a resquebrajarse, los arreglos políticos prevalecen e incluso se generan nuevos vínculos que sepultan las posibilidades de obtener resultados en las investigaciones que satisfagan esas expectativas.

 

Sin duda requerimos la configuración de una política preventiva eficaz soportada en la cultura de la legalidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos, pero sobre todo necesitamos voluntad política. En estos momentos, México y Chiapas se encuentran en una etapa de transición, un escenario en el que el discurso se ha centrado en el combate a la corrupción, y por añadidura deberíamos considerar a la impunidad, por ende, debemos estar informados y exigir resultados a nuestras autoridades, porque hasta ahora, ya sea por negligencia en su actuación o por cualquier otra causa, lo cierto es que en México y en Chiapas simplemente no pasa nada, salvo que la inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades siguen siendo un lastre para la mayoría de la población; de una sociedad dañada por la corrupción y la impunidad, binomio de una realidad.