Artículos hace 167 semanas

El Día del Abogado: Un compromiso permanente.

Dr. Manuel de Jesús Corado de Paz.

El 12 de julio celebramos el día del abogado, la génesis de esta fecha data de 1960, año en que se instituyó en conmemoración de la primera cátedra de Derecho (Prima de Leyes) impartida en la Real y Pontificia Universidad de México en el año 1553, por el Licenciado Don Bartolomé Frías y Albornoz.

Innumerables serán los eventos en los que se festeje este día, muchas las actividades que se desarrollarán para “enaltecer” nuestra profesión, incontables las publicaciones que se realizarán en las redes sociales, y después de eso todo volverá a la normalidad, a una realidad en la que la profesión del abogado ha sido denostada por nuestras propias acciones, un escenario en el que un sector importante de la sociedad desconfía de nosotros, lo que ha generado que nuestra profesión se encuentre desgastada, e incluso sea objeto de burla.

Honrar nuestra profesión no debe limitarse a un día específico, debe ser producto del quehacer permanente. De esta manera justificaremos nuestra propia existencia, pues ésta solamente se explica si con nuestras acciones logramos incidir de manera positiva en nuestro entorno y contribuir a su mejora.

En consecuencia, como profesionales del Derecho, independientemente de la actividad que desempeñemos (abogacía, notariado, correduría pública, judicatura, investigación, docencia), no podemos ser indiferentes a los acontecimientos y circunstancias que día a día aquejan a nuestra sociedad, por el contrario, debemos ser agentes de cambio, que coadyuven a la protección de los derechos humanos; a la consolidación de una verdadera democracia, no la simulación en la que vivimos y de la que somos parte; y a una división de poderes efectiva, no meramente formal. Solamente de esta manera contribuiremos al perfeccionamiento de nuestro sistema jurídico y, con ello, a la consolidación de valores como la libertad, la igualdad, la seguridad y, por supuesto, la justicia.

Sin embargo, muchos operadores jurídicos no han entendido esta referencia y ven al Derecho como un medio para satisfacer sus intereses personales, para apropiarse del patrimonio de los indefensos, un medio en el que todo es posible, en el que las normas pueden violarse sin que exista una consecuencia, en el que su aplicación difiere en función del sector al que se pertenezca.

El abogado, señala Manuel Atienza, tiene que ponderar los valores que contribuye a realizar en el ejercicio de su profesión con los que, en ciertas ocasiones, puede poner en riesgo (daños a terceros inocentes, afectación a intereses colectivos) y del balance de la misma puede resultar que hay ocasiones en las que él no puede – no debe – moralmente realizar ciertas acciones, aunque las mismas no contradigan el Derecho positivo. Dicho de otra manera, el Derecho – la abogacía – no es una profesión intrínsecamente inmoral, pero sí una profesión de riesgo moral.

Debemos recordar que para ser abogado (profesional del derecho), tal como refiere Rogelio Martínez Vera, hace falta, en primer término, tener vocación para la carrera de Derecho, en segundo lugar, poseer una mente abierta al análisis y discusión dialéctica de los problemas sociales y, finalmente, el hábito del estudio constante y permanente de la ciencia jurídica y demás áreas de conocimiento, ¿cuántos de nosotros, aunque exhibamos un título y una cédula que nos permite ejercer profesionalmente,  satisfacemos estos requisitos?

Ahora bien, una parte fundamental del cambio que requerimos, y que no es exclusivo de nuestra profesión, sino que se extiende a otras áreas de conocimiento, reside en el proceso de formación, en nuestro caso de los futuros operadores jurídicos, ya que cada día nos enfrentamos a escenarios en los que la calidad ha quedado en segundo término, privilegiando intereses diversos, atendiendo a la naturaleza de la institución.

De esta manera, si se trata de una institución de educación superior privada, el aspecto de mayor relevancia es el económico, llevándonos a lo que conocemos como la comercialización de la educación. Así, estas instituciones han apostado por disminuir los tiempos de formación; por ofrecer clases eminentemente prácticas, como si estuvieran creando simples autómatas, olvidando con ello que un operador jurídico requiere de una formación que contemple, con un justo equilibrio, aspectos teóricos y prácticos; e incluso difundiendo filosofías hegemónicas e individualistas, en un tiempo en el que el trabajo en equipo y de carácter multidisciplinario es fundamental.

Por su parte, las instituciones de educación superior públicas han demostrado un aletargamiento alarmante, en el que los días transcurren y parece que no pasara nada; asimismo, han dejado claro que los asuntos sindicales son más importantes que los académicos; y que los privilegios personales son más importantes que el quehacer docente.

Además, en ambos casos se ha descuidado el perfil del docente, dejando de lado la especialización que se requiere para impartir una clase, no solamente desde el punto de vista académico, sino también del contacto real y efectivo con los casos que día a día se suscitan en relación con los tópicos que se abordan en la asignatura y que coadyuvan a la formación integral de los futuros operadores jurídicos.

Sin duda es momento de analizar nuestro ejercicio profesional y valorar lo que hemos hecho o dejado de hacer para honrar nuestra profesión, desde el ámbito en que la ejerzamos, hoy más que nunca cobra importancia el decálogo de Eduardo J. Couture, y dentro de los mandamientos que refiere uno de los que mayor efecto nos genera y por el cual trabajamos arduamente es aquél que hace referencia al amor que debemos profesarle a nuestra profesión, de tal suerte que el día en que nuestros hijos nos pidan consejo sobre su destino, consideremos un honor proponerles que se hagan abogados. Esperamos que llegado el momento nuestra respuesta sea inmediata y definitiva.